TSJCV solicita refuerzos policiales en Catarroja antes de nuevas actuaciones del caso DANA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acordó el 3 de junio canalizar a través del presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja la solicitud de medidas de seguridad para la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. El acuerdo se produjo después de que la magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra, remitiera un escrito al órgano de gobierno de los jueces valencianos tras una concentración de protesta celebrada el viernes ante la sede judicial. La Sala de Gobierno dijo que las circunstancias descritas por la jueza podían afectar tanto al ejercicio de la función jurisdiccional como a la seguridad del edificio y del personal. El caso se instruye en la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja. ### ¿Qué decidió exactamente el TSJCV? El Pleno de la Sala de Gobierno del TSJCV decidió que la petición de seguridad no se cursara de forma directa por la jueza instructora, sino a través del presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja. Ese cauce, según el propio tribunal, es el previsto para interlocutar con las administraciones competentes en materia de seguridad. La resolución remitió a un acuerdo anterior de 23 de julio, adoptado cuando los órganos judiciales de Catarroja regresaron a su sede tras su rehabilitación. En ese acuerdo, la Sala ya había establecido que la presidencia del tribunal debía dirigirse a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para pedir “los efectivos policiales necesarios para garantizar la seguridad del edificio y el orden público”. ### ¿Qué motivó la petición de la jueza Nuria Ruiz Tobarra? La magistrada Nuria Ruiz Tobarra pidió recientemente medidas de seguridad después de una concentración de protesta celebrada el viernes a las puertas de la sede judicial de Catarroja. El TSJCV no detalló en su comunicación cuántas personas participaron ni si se produjeron incidentes. La Sala de Gobierno sí recogió en su acuerdo que los hechos expuestos por la instructora podían afectar al “adecuado ejercicio de la función jurisdiccional” y a la seguridad de quienes trabajan en el edificio judicial. Por esa razón, añadió, la situación exigía “una actuación coordinada y una adecuada interlocución con las administraciones competentes para su pronta solución”. ### ¿Qué relación tiene esta medida con la causa penal de la dana? La investigación penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 se tramita en Catarroja bajo las diligencias previas 692/2024, según el Poder Judicial. El TSJCV ya había subrayado el 15 de abril la carga de trabajo y la relevancia de esa instrucción al proponer al Consejo General del Poder Judicial una prórroga de seis meses del refuerzo judicial asignado al órgano. Esa medida de apoyo, vigente hasta el 30 de junio, consiste en una comisión de servicio por la que otra jueza asume el funcionamiento ordinario del juzgado para que Ruiz Tobarra pueda dedicarse en exclusiva a la investigación. El TSJCV también abrió entonces gestiones para prolongar otros seis meses el refuerzo de la letrada de la Administración de Justicia y defendió la continuidad de los funcionarios de apoyo. ### ¿Quién debe pedir ahora los agentes y a quién? El presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja es ahora el encargado de centralizar la solicitud de seguridad, de acuerdo con el esquema fijado por la Sala de Gobierno. El destinatario de esa petición es la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que es la administración a la que corresponde proveer efectivos policiales. La fórmula adoptada por el TSJCV busca, según su propio acuerdo, ordenar la interlocución institucional en un procedimiento de alta exposición pública. El tribunal no precisó el número de agentes que se solicitarán ni el plazo en el que podrían desplegarse. ### ¿Qué viene después en el juzgado de Catarroja? El 30 de junio vence el refuerzo judicial actualmente en vigor para el órgano que instruye la causa, según la nota del Poder Judicial del 15 de abril. El Consejo General del Poder Judicial debe resolver la propuesta de prórroga elevada por el TSJCV, mientras el Ministerio de Justicia y la Conselleria de Justicia siguen siendo los interlocutores para la continuidad de otros apoyos materiales y de personal. La siguiente actuación inmediata en materia de seguridad depende de que la presidencia del Tribunal de Instancia de Catarroja curse la petición a la Delegación del Gobierno. Ese paso, fijado por el acuerdo del 3 de junio, es el que abrirá la eventual llegada de refuerzos policiales al edificio judicial.